La Caravana Wixárika llega a la CDMX después de 30 días a pie para entablar diálogo con el presidente de México. La injusticia, la omisión, la violación de los derechos fundamentales, ha llevado a levantar la voz a la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco.
Exigen una solución contundente para la restitución de su territorio invadido, una extensión de más de 10,500 hectáreas en los límites con el poblado de Huajimic, Municipio de La Yesca, Nayarit, y otra extensión de 800 hectáreas en un área conocida como El Triángulo en Puente de Camotlán, La Yesca, Nayarit.
El 25 de abril a las 11 de la mañana aproximadamente 200 wixaritari en conjunto con las autoridades agrarias salieron a pie, la comunidad reclamaba la restitución de 17 juicios a su favor, en el transcurso de la caminata han ganado 18 juicios más, es decir, que ahora reclaman la restitución de 35 juicios con sentencias a su favor.
Nos solidarizamos ante la petición de justicia y solución urgente a este conflicto agrario, que los tres niveles de gobierno se organicen y den solución para que el territorio wixárika que mediante juicio han ganado sea devuelto de forma efectiva a la comunidad, de manera pacífica, pues es una obligación del estado mexicano brindar una solución concreta.
La caravana wixárika desde el 25 de abril ha pedido audiencia cara a cara con el presidente sin obtener una respuesta contundente. La pasividad deliberada, la omisión y la falta de voluntad política desde el 2016 para solucionar este problema que proviene de hace más de 50 años, es lo que ha obligado a la comunidad a realizar esta marcha en protesta, para manifestar su inconformidad y para exigir la justicia misma.
Nos pronunciamos una vez más para que el Estado Mexicano los escuche y ofrezca los medios necesarios para la recuperación del territorio.
El territorio que la comunidad wixárika habita fue reconocido por la Corona Española en 1718 mediante Título Virreinal y el 15 de julio de 1953 por Resolución Presidencial en el que se reconoce que dicha comunidad es propietario legítimo de 240,447 hectáreas.
En 2007 la comunidad interpusó 47 juicios para recuperar alrededor de 10,500 hectáreas, el 22 de septiembre de 2016 se ejecutó forzosamente la primera restitución del territorio, sin garantía del estado de derecho, ni la seguridad necesaria, poniendo en riesgo la integridad de las personas y la misma ejecución del territorio. A partir del 2017 los posesionarios irregulares comenzaron a impedir las ejecuciones de forma violenta, cerrando carreteras y amenazando a diversas personas, razón por la que no se han podido ejecutar las demás sentencias ganadas.
Actualmente son 54 juicios interpuestos, 35 ganados y solo 4 fueron restituidos.
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